Resumen

En este trabajo se examinan los procedimientos penales monitorios de Portugal y España y se analiza el porqué de su escasa aplicación práctica. Para cada uno de aquellos procedimientos, tras una descripción y una breve valoración crítica de los mismos, basadas principalmente en doctrina de ambos países, se intenta establecer algunas razones que puedan explicar el porqué de su poca aplicación. El trabajo termina con unas breves consideraciones finales, en las que se sintetizan aquellas razones y se afirma que la situación de dichos procedimientos demuestra que la “importación” de instituciones exitosas de sistemas procesales penales foráneos no asegura que su aplicación en el propio sistema también sea exitosa.

Palabras-clave
procedimiento penal monitorio; proceso penal portugués; proceso penal español; procedimientos penales abreviados

Abstract

In this paper, the criminal admonition procedures of Portugal and Spain are examined and the reason why of their scarce practical application is analyzed. For each of those procedures, after a description and a brief critical assessment of them, based on the doctrine of both countries, an attempt is made to establish some reasons that may explain why they are not widely used. The work ends with some brief final considerations, in which those reasons are synthesized and it is affirmed that the situation of said procedures demonstrates that the “importation” of successful institutions of foreign criminal procedural systems does not ensure that their application in the own system is also successful.

Keywords
criminal admonition procedure; Portuguese criminal procedure; Spanish criminal procedure; abbreviated criminal procedures

Sumario: Introducción; 1. Portugal: processo sumaríssimo; 1.1. Descripción; 1.2. Valoración; 2. España: proceso por aceptación de decreto; 2.1. Descripción; 2.2. Valoración; 3. Razones para la deficitaria aplicación; Consideraciones finales; Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

En la península itálica, alrededor del siglo XIII, dentro del ámbito del proceso civil, se desarrolló la denominada “técnica monitoria”² 2 CORREA, Juan Pablo. El proceso monitorio, p. 13. , la cual permite dictar una sentencia rápida sólo con el requerimiento del actor, sin un juicio contradictorio previo; la contradictoriedad aparece después de la sentencia, únicamente si se deduce oposición contra ella³ 3 CAROCCA, Alex. Manual el nuevo sistema procesal penal chileno, p. 180. . Dicha técnica se expandió posteriormente al ámbito del proceso penal, en el cual comenzaron a aparecer los llamados procedimientos penales monitorios o por orden penal, caracterizados, entre otras notas, por la escrituración y por la rápida dictación de un título penal ejecutivo sin escuchar previamente al imputado, a quien se le confiere la posibilidad de renunciar al juicio si no se opone al título dictado en su contra, o de exigir un juicio si formula oposición⁴ 4 Véanse estas y otras características de los procedimientos penales monitorios en GIMENO, Vicente. Los procedimientos penales simplificados (Principio de “oportunidad” y proceso penal monitorio), pp. 37-40. .

En el ámbito europeo continental, los procedimientos penales monitorios han sido recogidos en varios países y han recibido una aplicación masiva⁵ 5 Puede verse una tabla con información acerca de la incidencia de los procedimientos monitorios o por orden penal en el total de condenas de distintos países en LANGER, Máximo. Plea bargaining, conviction without trial, and the global administratization of criminal convictions, p. 21. . En Alemania, por ejemplo, es el caso del Strafbefehlsverfahren, cuyo antecedente histórico suele ser visto en una ley prusiana del año 1846⁶ 6 ELOBIED, Tarig. Die Entwicklung des Strafbefehlsverfahrens von 1846 bis in die Gegegnwart, pp. 5-6. . Es un procedimiento muy utilizado en la práctica⁷ 7 SCHMITT, Bertram. §§407-412, p. 1721. y su aplicación ha ido en aumento, comprendiendo no sólo delincuencia de bagatela, sino también criminalidad media⁸ 8 MOMSEN, Carsten. §407-412, pp. 2075-2076. . Según algunos estudios empíricos, dos terceras partes de todas las condenas en dicho país se dictan conforme a este procedimiento⁹ 9 ROXIN, Claus y SCHÜNEMANN, Bernd. Strafverfahrensrecht, p. 543. .

Otro tanto sucede en Italia. El procedimento per decreto penale, el más antiguo de los procedimientos penales especiales del sistema italiano¹⁰ 10 PIZIALI, Giorgio. Il procedimento per decreto, p. 425. –proviene de procedimientos semejantes que se regulaban en los antiguos Códigos de 1913 y de 1930¹¹ 11 Véanse CORDERO, Franco. Procedura penale, p. 1074; BARONA, Silvia. La conformidad en el proceso penal, p. 103. –, es el que en dicho país contribuye con mayor claridad al ahorro de tiempo y recursos de las partes y del sistema¹² 12 CHIAVARIO, Mario. Diritto Processuale Penale, pp. 718-719. .

Un notorio incremento en el número de procesos penales en Europa en el siglo pasado, debido a un crecimiento exponencial de la delincuencia de baja gravedad¹³ 13 ARMENTA, Teresa. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, p. 23. , llevó al Comité de Ministros del Consejo de Europa, en septiembre de 1987, a formular una recomendación a los Estados miembros (Recomendación N° 18, sobre simplificación de la justicia penal), en la que junto con proponer la despenalización de los delitos de menor gravedad y la aplicación del principio de oportunidad, sugirió simplificar los procedimientos, promover soluciones consensuadas e implementar procedimientos monitorios¹⁴ 14 DELGADO, Jordi. Problemas y tensiones entre el diseño y funcionamiento del procedimiento monitorio penal, p. 6; CAMPANER en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, p. 31. En todo caso, en una recomendación posterior (Recomendación N° 12, de septiembre de 1995, sobre administración de los sistemas de justicia), el mencionado Comité de Ministros sostuvo que si bien la eficiencia es importante para un funcionamiento adecuado de la administración de justicia, no es el aspecto central, pues este sigue siendo el respeto de las garantías del proceso. Véase BACHMAIER, Lorena. Justicia negociada y coerción. Reflexiones a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, p. 2. .

Dicha recomendación ha sido seguida por varios países europeos, los que, entre otras medidas, han incorporado en sus regulaciones procesales penales procedimientos asimilables a los procedimientos monitorios, buscando su aplicación masiva para conseguir mayor eficiencia en sus sistemas de persecución penal. Sin embargo, no siempre la implementación de estos procedimientos ha permitido alcanzar la eficiencia buscada¹⁵ 15 No es finalidad de este trabajo demostrar ni cuestionar la incidencia de los procedimientos penales monitorios en la eficiencia de los sistemas procesales penales en general, ni en los de Portugal y de España en particular, sino únicamente, como a continuación se indica, constatar la baja aplicación de dichos procedimientos en ambos países y explorar algunas razones de su poca aplicación. . Dos ejemplos de ello lo constituyen Portugal y España. En este trabajo, a partir de doctrina elaborada en ambos países, se investigan algunas causas de este fenómeno. En primer lugar, se efectúa una descripción del proceso sumaríssimo portugués y una breve valoración crítica de este (sección 1). Luego de ello se hace lo mismo respecto del proceso por aceptación de decreto español (sección 2). Enseguida se intenta establecer algunas razones que pueden explicar la poca aplicación que estos procedimientos han tenido (sección 3). El trabajo se cierra con unas breves consideraciones finales.

1. PORTUGAL: PROCESSO SUMARÍSSIMO

1.1. Descripción

En la década anterior a la actual, en la práctica del sistema procesal penal portugués, hubo varios intentos –algunos de ellos exitosos–, motivados por algunos planteamientos doctrinales¹⁶ 16 ALBERGARIA, Pedro Soares de; LIMA, Rui Pedro y NEVES, José Francisco Moreira das. Uma proposta de justiça negociada, passim; y, paradigmáticamente, DIAS, Jorge de Figueiredo. Acordos sobre a sentença em processo penal. O “fim” do Estado de Direito ou um novo “princípio”?, passim. y por algunas recomendaciones de la Procuraduría General Distrital de Lisboa y de la de Coimbra¹⁷ 17 Una síntesis de ellas puede verse en FERREIRA DE OLIVEIRA, André. Soluções negociadas de justiça penal no direito português: uma realidade atual numa galáxia distante?, pp. 89-90. , de celebrar acuerdos sobre sentencias condenatorias, pese a la inexistencia de una regulación legal que expresamente permitiera tales convenios. No obstante, tales intentos duraron poco tiempo. Un acuerdo del Tribunal Supremo de Justicia de dicho país, de fecha 10 de abril de 2013, que declaró inadmisible una interpretación que proclame la validez de estos acuerdos, junto con la Directiva de la Procuraduría General de la República de Portugal N° 2/2014, de fecha 21 de febrero de 2014, que ordenó a los fiscales abstenerse de promover o aceptar la celebración de acuerdos sobre sentencias penales, pusieron término a dicha práctica¹⁸ 18 BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Justiça penal negociada. Negociação de sentença criminal e princípios processuais relevantes, pp. 120-125; SANTOS, Cláudia Cruz. O Direito processual penal português em mudança. Rupturas e continuidades, pp. 226-228. Para un examen crítico del mencionado acuerdo del Tribunal Supremo portugués, véanse SANTOS, Hugo Luz dos. Direito e Processo Penal Contemporâneo. Reflexões sobre a justiça penal em tempos de transição, pp. 115-141; NEVES, Moreira das. Acordos sobre a Sentença Penal: o futuro aqui já!, pp. 51-60. . En todo caso, la posibilidad de incorporar en la legislación portuguesa una regulación que permita esta clase de acuerdos ha seguido recibiendo la atención de la doctrina en los últimos años, manifestándose tanto a favor como en contra de dicha posibilidad¹⁹ 19 A favor de dicha posibilidad, BRANDÃO, Nuno. Acordos sobre a sentença penal: problemas e vias de solução, pp. 161-178; SANTOS, Cláudia Cruz. Decisão penal negociada, pp. 145-160; BASTOS, José Gabriel Travanca. Sobre a admissibilidade de acordos negociados de sentença no proceso penal português, pp. 64-93. En contra, COSTA, Eduardo Maia. Justiça negociada: do logro da eficiência à degradação do processo equitativo, pp. 87-97; FERREIRA, Renata Rodrigues de Abreu. Acordos sobre a sentença em processo penal. Uma análise sob a perspectiva jurídico-constitucional e processual penal, pp. 397-435. .

Dado que hasta este momento no existe semejante regulación, el único procedimiento penal que actualmente da cabida a una suerte de consenso²⁰ 20 Hablo de una “suerte de consenso”, porque como se verá al examinar las características de este procedimiento, difícilmente puede hablarse de un verdadero acuerdo entre el fiscal y el imputado; a lo sumo, de una aquiescencia de este último. En este sentido, véase FERREIRA DE OLIVEIRA, André. Soluções negociadas de justiça penal no direito português: uma realidade atual numa galáxia distante?, p. 86; BRANDÃO, Nuno. Acordos sobre a sentença penal: problemas e vias de solução, p. 163; DIAS, Jorge de Figueiredo. Acordos sobre a sentença em processo penal. O “fim” do Estado de Direito ou um novo “princípio”?, p. 21. previo a una condena en Portugal, es el processo sumaríssimo, encasillable en la categoría de los denominados procedimientos monitorios. Se trata de un procedimiento que fue introducido para el juzgamiento de la criminalidad de bagatela, por primera vez en el ordenamiento de dicho país, al dictarse el Código de Processo Penal de 1987 (en adelante, CPPp), y a contar de entonces ha ido ampliando sucesivamente su ámbito de aplicación²¹ 21 Puede verse una síntesis de algunas de estas modificaciones en OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1233. . Fue una innovación inspirada en el procedimento per decreto penale italiano²² 22 GONÇALVES, Manuel Lopes Maia. Código de Processo Penal anotado. Legislação complentar, p. 827. y una de las manifestaciones del “consenso” que caracteriza a algunas instituciones reguladas en el CPPp²³ 23 SANTOS, Cláudia Cruz. O Direito processual penal português em mudança. Rupturas e continuidades, p. 211. . Aparece en el tercer título del Libro VIII (Dos Processos Especiais) de dicho código, en sus artículos 392 a 398.

La aplicación del processo sumaríssimo se encuentra reservada para delitos que la ley castiga con una pena de prisión de duración no superior a cinco años o sólo con una pena de multa. Adicionalmente, es necesario que el Ministerio Público considere que, en concreto, debe ser aplicada una pena o medida de seguridad no privativa de libertad (art. 392 n° 1 CPPp). Se trata de una solución “consensual” motivada por razones de eficacia y economía procesal²⁴ 24 ANDRADE, Manuel da Costa. Consenso e oportunidade: Reflexões a propósito da suspensão provisória do processo e do processo sumaríssimo, pp. 356-357; PEREIRA, Rui Soares y RAMALHO, David Silva. Os processos especiais no direito processual penal português, p. 835. .

El actual ámbito de aplicación de este procedimiento es más amplio que el que tenía cuando se dictó el CPPp, lo que permite afirmar que hoy no sólo se aplica a la denominada criminalidad de bagatela²⁵ 25 SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, pp. 141-142. . En su versión original, el processo sumaríssimo estaba destinado al juzgamiento de delitos castigados con pena de prisión no superior a seis meses o multa, siempre que el Ministerio Público entendiera que debía aplicarse una pena o medida de seguridad no privativa de libertad. En el año 1998, con la finalidad de aplicarlo en un número mayor de casos²⁶ 26 MOTA, José Luís Lopes da. A revisão de Código de Processo Penal, pp. 174-175. , se expandió a delitos sancionados con pena de prisión no superior a tres años. Y en el año 2007, volvió a ampliarse, para alcanzar delitos castigados con no más de cinco años de prisión.

Conforme se indica en la Directiva de la Procuraduría General de la República de Portugal N° 1/2016, de fecha 25 de febrero de 2016 (Processo sumaríssimo), en los casos de concurso de delitos, la pena a tener en consideración para evaluar la viabilidad de este procedimiento no es la de cada delito en concurso, sino la aplicable según la ley al concurso de que se trate (capítulo I, punto 4)²⁷ 27 En el mismo sentido, OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1234. .

Si se cumplen estos requisitos, el fiscal, por iniciativa del imputado²⁸ 28 En este trabajo, la voz “imputado” es utilizada para hacer referencia a la persona en contra de quien se dirige el procedimiento penal, cualquiera sea la etapa en que dicho procedimiento se halle. En otros términos, se la usa en la misma forma en que se la utiliza en el artículo 7° del Código Procesal Penal chileno. En el proceso penal portugués, se habla de acusado (“arguido”), calidad que asume todo aquel en contra de quien se deduce acusación o es requerida una instrucción (“instrução”) (art. 57 CPPp). Antes de ese momento, durante la etapa de investigación preliminar (“inquérito”) (art. 262 CPPp), se habla de sospechoso (“suspeito”) (art. 1° letra e) CPPp), pero si surge una sospecha fundada de la comisión delictiva, este debe ser constituido como “arguido” (art. 58 CPPp). Por todos, véase ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal, pp. 45-56; MENDES, Paulo de Sousa. Lições de Direito Processual Penal, p. 126. o después de haberlo oído, puede presentar al juez un requerimiento de processo sumaríssimo. Pero cuando se trata de un delito cuya persecución depende de acusación particular, debe contarse con el consentimiento del assistente (art. 392 n° 2 CPPp), lo que, en la práctica, generalmente se obtiene²⁹ 29 SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, p. 149. . Este último es un sujeto procesal que interviene, ejerciendo ciertos derechos en el proceso penal como colaborador del Ministerio Público, a cuya actividad subordina su intervención, en vistas a la investigación de un delito y a la condena del imputado³⁰ 30 MARQUES, Paula. Manual Prático de Processo Penal, p. 107. ; generalmente, se trata del ofendido por el delito (art. 68 CPPp).

La exigencia de que, en forma previa a la presentación de su requerimiento, el Ministerio Público haya oído al imputado, que fue incorporada en el CPPp mediante la reforma del año 2007, permite tener certeza de su paradero y evita posteriores pérdidas de tiempo y recursos, por no poder notificársele el requerimiento³¹ 31 FIDALGO, Sónia. O consenso no processo penal: reflexões sobre a suspensão provisória do processo e o processo sumaríssimo, pp. 308-309. . Además, en la práctica, el contacto con el imputado sirve al Ministerio Público para adelantarle su intención de requerir el processo sumaríssimo y conocer su disponibilidad para no oponerse, así como indagar cuestiones relevantes acerca de su situación socioeconómica, que permiten fundar de mejor manera su futura propuesta de pena³² 32 SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, pp. 151-152 y 166. . En todo caso, un sector de la doctrina destaca la conveniencia de que en dicho encuentro entre el fiscal y el imputado esté presente también el defensor, lo que actualmente la ley no exige³³ 33 ALBERGARIA, Pedro Soares de. Os processos especiais na revisão de 2007 do Código de Processo Penal, p. 499. .

De lo señalado hasta aquí, se desprende que la legitimación activa para solicitar la tramitación de este procedimiento corresponde exclusivamente al Ministerio Público. El imputado puede tomar la iniciativa y pedir al fiscal que requiera la tramitación de este procedimiento, pero es el Ministerio Público el que debe iniciar la tramitación presentando el correspondiente requerimiento. En todo caso, esto no quiere decir que el fiscal tenga discrecionalidad para decidir. Es cierto que el CPPp no indica criterios para que el fiscal considere que deba aplicarse una pena o medida de seguridad no privativa de libertad, pero el Código Penal portugués sí los establece (arts. 41 y ss.). En consecuencia, se trata de un poder-deber del Ministerio Público³⁴ 34 Así, BASTOS, José Gabriel Travanca. Sobre a admissibilidade de acordos negociados de sentença no proceso penal português, pp. 13-16. En el mismo sentido, hablando también de un “poder vinculado”, GONÇALVES, Manuel Lopes Maia. Código de Processo Penal anotado. Legislação complentar, p. 828. Sin embargo, TEIXEIRA, Carlos Adérito. Princípio da oportunidade. Manifestações em sede processual penal e sua conformação jurídico-constitucional, p. 45, afirma que este procedimiento es “facultativo” para el Ministerio Público. .

En la mencionada directiva de la Procuraduría General de la República se indica que, si en la investigación existen coimputados y los requisitos de procedencia del processo sumaríssimo concurren sólo respecto de algunos de ellos, el Ministerio Público debe promover la separación de procesos (capítulo II, punto 5).

El requerimiento debe formularse por escrito y contener: a) la identificación del imputado; b) la descripción de los hechos atribuidos a este; c) la mención de las disposiciones legales infringidas; d) la prueba existente; e) la enunciación de las razones por las cuales el Ministerio Público entiende que no debe ser aplicada una pena de prisión, y f) la indicación precisa de la sanción que se propone y de la cuantía de la reparación (art. 394 CPPp). Si el procedimiento depende de acusación particular (delitos particulares, en los términos del artículo 50 del CPPp), el requerimiento del Ministerio Público depende igualmente del acuerdo del assistente (art. 392 n° 2 CPPp).

La referencia al monto de la reparación obedece a que, aun cuando en este procedimiento no se permite la intervención de partes civiles (art. 393 n° 1 CPPp), la ley indica que, si no se ha deducido acción de indemnización de perjuicios en el proceso penal ni fuera de este, el tribunal, en caso de condena, puede fijar una cuantía a título de reparación por los perjuicios sufridos, cuando particulares exigencias de protección de la víctima lo impongan, monto que deberá descontarse de acciones indemnizatorias futuras (art. 82-A CPPp). Para ello, es necesario que antes de la presentación del requerimiento del Ministerio Público, la víctima o el perjudicado manifiesten su intención de obtener la reparación de los daños sufridos (art. 393 n° 2 CPPp). En concordancia con esto último, según la referida directiva de la Procuraduría General de la República, antes de presentar su requerimiento, el Ministerio Público debe comunicar al ofendido su decisión de presentarlo, con la finalidad de permitirle manifestar su intención de obtener la reparación y aportar los elementos necesarios para la cuantificación de los daños (capítulo V, punto 3). En todo caso, el Ministerio Público no está obligado a incluir en su requerimiento una referencia a la reparación, ni, en caso de hacerlo, a señalar el mismo monto que el ofendido haya indicado³⁵ 35 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1025. .

Tras la presentación del Ministerio Público, momento a partir del cual el procedimiento sigue una tramitación electrónica³⁶ 36 MARQUES, Paula. Manual Prático de Processo Penal, p. 822. , el juez debe adoptar alguna de las siguientes dos decisiones. En primer lugar, puede rechazar el requerimiento y reenviar el proceso a otra vía procedimental, en cuyo caso tal requerimiento equivaldrá a una acusación. Ello ocurrirá si estimare que el processo sumaríssimo es inadmisible, que el requerimiento es manifiestamente infundado (porque no identifica al imputado, no describe hechos, no indica disposiciones legales infringidas, no menciona pruebas o describe hechos que no son constitutivos de delito³⁷ 37 Ibidem, p. 819. ) o que la sanción propuesta es manifiestamente inadecuada para cumplir los fines de la pena (verbigracia, porque considera que excede la medida de la culpabilidad o no satisfice las exigencias de la prevención³⁸ 38 OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1237. ). Sin embargo, en este último caso, como consecuencia de una modificación legal del año 2007³⁹ 39 RIBEIRO, Vinício A.P. Código de Processo Penal. Notas e comentários, p. 894. , el juez puede también, con el consentimiento del Ministerio Público y del imputado, fijar una sanción diferente, en su especie o medida, de la que había sido propuesta en el requerimiento (art. 395 n° 1, 2 y 3 CPPp).

Según un sector de la doctrina portuguesa, la necesidad de contar con el consentimiento previo del imputado en este último caso constituye una pérdida de tiempo y de recursos. Ello es así, porque después de recabar su consentimiento, igualmente habrá que efectuar la notificación que ordena el artículo 396 del CPPp, para su eventual oposición dentro del plazo de quince días; si el imputado no está de acuerdo con la sanción fijada por el juez, esta última notificación basta para resguardar su derecho a un juicio⁴⁰ 40 Así, FIDALGO, Sónia. O consenso no processo penal: reflexões sobre a suspensão provisória do processo e o processo sumaríssimo, p. 310; MENDES, Carlos Miguel Leal. O processo sumaríssimo. Análise de alguns aspetos prático-processuais do instituto, pp. 29-30. .

El juez no puede rechazar el requerimiento del Ministerio Público por considerar que las pruebas son insuficientes; sólo puede hacerlo, en relación con las pruebas, si no se las menciona⁴¹ 41 ALBERGARIA, Pedro Soares de. Os processos especiais na revisão de 2007 do Código de Processo Penal, p. 498. .

El juez tampoco puede rechazar el requerimiento por motivos vinculados con la reparación solicitada, aunque le parezca insuficiente la cuantía propuesta⁴² 42 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1027; SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, p. 158. .

Contra la resolución que rechaza el requerimiento y reenvía el proceso a otra vía procedimental no caben recursos (art. 395 n° 4 CPPp). No obstante, se estima que, si tal rechazo pone término al proceso a través de la verificación de una causa de extinción de la responsabilidad penal, la resolución es recurrible⁴³ 43 OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1237. .

En segundo lugar, el juez puede nombrar un defensor al imputado que carezca de uno y ordenar que se notifiquen a ambos el requerimiento del Ministerio Público y la eventual fijación de una pena distinta de la que había sido propuesta. La notificación debe ser hecha en forma personal al imputado, pero puede ser hecha en forma electrónica al defensor⁴⁴ 44 MARQUES, Paula. Manual Prático de Processo Penal, p. 821, n. 123. , y debe contener: a) la información del derecho del imputado a oponerse a la sanción y de la forma de hacerlo; b) la indicación del plazo (de quince días) para la oposición y de su fecha límite, y c) la información sobre los efectos que se deriven, tanto de la oposición, como de la no oposición (art. 396 n° 1, 2 y 3 CPPp), efectos dentro de los cuales un sector de la doctrina sostiene que debe incluirse la información de que en el juicio que se realice como consecuencia de la oposición, al imputado puede imponérsele una pena más severa⁴⁵ 45 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1032. .

En la versión original del processo sumaríssimo, la oportunidad que el imputado tenía para manifestar su voluntad en orden a aceptar o no la sanción propuesta era una audiencia a la que debía ser citado antes del pronunciamiento definitivo del juez. La reforma del año 1998 eliminó esta audiencia y la sustituyó por la mencionada notificación y la concesión de un plazo para oponerse.

La ley no señala expresamente lo que sucede si no es posible notificar personalmente al imputado, pero según la jurisprudencia, en tal evento, el processo sumaríssimo no puede seguir adelante, debiendo continuarse la tramitación conforme a la vía ordinaria⁴⁶ 46 MARQUES, Paula. Manual Prático de Processo Penal, p. 822, n. 126. .

Según la citada directiva de la Procuraduría General de la República, la eventual oposición del imputado debe ser presentada por él mismo o por medio de mandatario con poder especial (capítulo VI, punto 1). Además, no necesita ser fundamentada; basta una simple declaración, incluso verbal, en el sentido de oponerse (art. 396 n° 4 CPPp). Puede hacerse por correo ordinario o electrónico, por fax o por teléfono. Se acepta que se dirija al juez o al Ministerio Público⁴⁷ 47 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1029. .

Si se formula oposición, el juez ordenará el reenvío del proceso a otra vía procedimental, debiendo el Ministerio Público decidir cuál será dicha vía. En tal caso, el requerimiento equivale a una acusación, la que debe notificarse al imputado, pudiendo este solicitar la apertura de una etapa de instrucción si la tramitación de la causa sigue la forma ordinaria (art. 398 CPPp)⁴⁸ 48 En el procedimiento penal común portugués, dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la acusación, cuando tenga discrepancias fácticas o jurídicas respecto de esta, el imputado puede pedir la apertura de una fase de instrucción y la práctica de ciertas diligencias por el juez (art. 287 CPPp). . También existe la posibilidad de que el Ministerio Público tramite el proceso en la forma abreviada (arts. 391-A y ss. CPPp), que es una forma especial que debe prevalecer sobre la forma común (art. 120 n° 2 a) CPPp) y en la que no cabe abrir una fase de instrucción (art. 286 n° 2 CPPp). Sea como fuere, en la forma común o en la forma especial abreviada, el acuerdo del assistente en los delitos particulares vale como acusación particular.

Es objeto de discusión el punto relativo a la posibilidad de que el imputado formule una oposición parcial al requerimiento del Ministerio Público, respecto de sólo algunos de los varios delitos que se le atribuyen⁴⁹ 49 A favor de dicha posibilidad, ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1029. En contra, OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1239. . También es objeto de debate la posibilidad de que objete sólo el monto fijado como reparación, conformándose con la sanción penal⁵⁰ 50 Da cuenta de esta discusión SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, pp. 157-158. Acepta esta posibilidad ALBERGARIA, Pedro Soares de. Os processos especiais na revisão de 2007 do Código de Processo Penal, p. 499. .

Conforme a la mencionada directiva de la Procuraduría General de la República, si se trata de coimputados y sólo algunos de ellos formulan oposición (o se rechaza el requerimiento sólo respecto de algunos de ellos), el Ministerio Público debe promover la separación de procesos y el envío a otra vía procedimental de los autos relativos a los coimputados que se oponen o respecto de quienes el requerimiento es rechazado (capítulo VI, punto 4). En otras palabras, es admisible la objeción de sólo algunos de los varios coimputados a quienes se atribuye participación en un mismo hecho, en cuyo caso el juicio posterior se sigue únicamente contra aquellos que se opusieron. Según un sector de la doctrina, en tal evento, la oposición presentada puede aprovechar a los imputados no oponentes, salvo que se funde en motivos estrictamente personales, siendo aplicable analógicamente lo dispuesto en el artículo 402 n° 2 letra a) del CPPp⁵¹ 51 Así, ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, p. 1029. , que indica que, en caso de coparticipación, el recurso interpuesto por uno de los acusados aprovecha a los restantes, salvo que se base en motivos personales.

Un sector de la doctrina afirma que el imputado puede desistirse, incluso parcialmente, de la oposición presentada, hasta antes de que el juez envíe los autos a otra vía procedimental, proponiendo una aplicación analógica de lo previsto en el artículo 415 del CPPp, que regula el desistimiento de los recursos procesales. En cambio, la renuncia del imputado a su derecho a oponerse al requerimiento del Ministerio Público no es admisible⁵² 52 Ibidem, p. 1030. .

En el juicio que se celebre como consecuencia de haberse rechazado el requerimiento o de haberse formulado oposición por parte del imputado, no puede intervenir el mismo juez que participó en el processo sumaríssimo (art. 40 CPPp). Además, aunque la ley nada dice sobre el punto, un sector de la doctrina afirma que en dicho juicio no existe prohibición de reforma en perjuicio, por lo que puede imponerse una sanción más severa que la que había sido propuesta en el requerimiento⁵³ 53 Ibidem, p. 1032. . Sin embargo, otro sector, considerando la oposición como una especie del género de las impugnaciones, sostiene que en el juicio posterior no puede aplicarse una pena más grave que la propuesta por el Ministerio Público y aceptada por el juez⁵⁴ 54 ALBERGARIA, Pedro Soares de. Os processos especiais na revisão de 2007 do Código de Processo Penal, pp. 493-496. .

Si el imputado no se opone dentro de plazo, el juez aplicará la sanción, sin que pueda imponer una pena distinta de la que había sido propuesta en el requerimiento o fijada por él, y condenará al pago de las costas. La imposición de la pena vale como sentencia condenatoria y no admite recurso ordinario (art. 397 CPPp), por lo que produce cosa juzgada y el imputado no puede volver a ser sancionado por el mismo hecho (non bis in idem)⁵⁵ 55 BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Justiça penal negociada. Negociação de sentença criminal e princípios processuais relevantes, p. 119. . El juez puede condenar también a la reparación de los daños, pero como en el processo sumaríssimo está vedada la intervención de partes civiles, esta condena sólo puede ser impuesta al imputado⁵⁶ 56 OLIVEIRA, António Jorge de. Arts. 392-398, p. 1235. .

En la formalización de la decisión que impone la pena, en concordancia con el carácter simplificado de este procedimiento, no se exige una fundamentación que vaya más allá de la constatación de la aquiescencia del imputado y de la concurrencia de los requisitos legales de procedencia. Pero ello no quiere decir que el juez actúe simplemente “como un notario”, ya que tiene la facultad de rechazar el requerimiento presentado por el Ministerio Público si considera que la sanción propuesta por este no es adecuada para cumplir los fines de la pena⁵⁷ 57 LOPES, José António Mouraz. A fundamentação da sentença no sistema penal português: legitimar, diferenciar, simplificar, pp. 401-406. .

1.2. Valoración

Como puede advertirse, el processo sumaríssimo, siguiendo la tónica de los denominados procedimientos monitorios o por orden penal, es breve y sencillo y procura conseguir una aplicación masiva. Sin embargo, en sus primeros años de existencia su utilización fue mínima⁵⁸ 58 FIDALGO, Sónia. O consenso no processo penal: reflexões sobre a suspensão provisória do processo e o processo sumaríssimo, pp. 314-315. Pueden verse algunos datos estadísticos que lo corroboran, en FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal, pp. 465-466. En todo caso, RODRÍGUEZ, Nicolás. La justicia penal negociada. Experiencias de derecho comparado, p. 291, alude a ciertos errores en el levantamiento de información que incidieron en los malos resultados de que daban cuenta los datos estadísticos de los primeros años de aplicación de este procedimiento. . Con posterioridad, tal vez producto del sucesivo ensanchamiento de su ámbito de aplicación, su utilización ha aumentado⁵⁹ 59 SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, pp. 137-138. De un aumento “exponencial” habla MENDES, Carlos Miguel Leal. O processo sumaríssimo. Análise de alguns aspetos prático-processuais do instituto, pp. 58-59, afirmando que mientras en el año 2011 el processo sumaríssimo fue aplicado en 6305 casos, en el año 2012 lo fue en 8456 casos. , pese a lo cual su tasa de aplicación ha seguido siendo baja⁶⁰ 60 Véase el Relatório síntese do Ministério Público 2020, disponible en https://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/relatorio_sintese_2020_final.pdf, en el que se indica que en dicho año, el processo sumaríssimo se aplicó en 3867 casos (p. 163). , siendo el procedimiento común, al menos hasta hace pocos años, el que ha seguido constituyendo la vía más usada⁶¹ 61 COSTA, Eduardo Maia. Justiça negociada: do logro da eficiência à degradação do processo equitativo, p. 92. .

Por otra parte, se han formulado varias críticas en contra del processo sumaríssimo. Entre otros aspectos, se ha criticado que, tras la desaparición de la audiencia, que hasta antes del año 1998 era el momento en que el imputado debía manifestar si aceptaba o no la sanción propuesta, se ha eliminado o reducido la visibilidad de los motivos de la decisión adoptada por este. Ello origina el peligro de que la aquiescencia del imputado a la renuncia al juicio obedezca a razones indeseables, especialmente cuando proviene de un estrato socioeconómico bajo⁶² 62 ASSUNÇÃO, Maria Leonor. Sobre o Processo Sumaríssimo, p. 199. .

También se ha criticado el hecho de que la ley impide la posibilidad de recurrir contra la resolución que rechaza el requerimiento del Ministerio Público, pues ello permitiría abusos del juez, al estar este consciente de que, por muy infundada que sea su resolución, no se interpondrán recursos en su contra⁶³ 63 SILVA, Julio Barbosa e. Dolores de crescimento – algumas dúvidas à volta do processo especial sumaríssimo e contributos para uma clarifição prática, p. 140. . Por la misma razón, se ha criticado la imposibilidad de recurrir contra la resolución que aplica la pena propuesta por el Ministerio Público⁶⁴ 64 TEIXEIRA, Carlos Adérito. Princípio da oportunidade. Manifestações em sede processual penal e sua conformação jurídico-constitucional, p. 46. .

Asimismo, se ha denunciado el peligro de vulneración de la igualdad ante la ley, por la posibilidad de que el Ministerio Público requiera el processo sumaríssimo para un imputado y no para otro, pese a que no exista una razón que justifique el tratamiento desigual⁶⁵ 65 Idem. .

2. ESPAÑA: PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

2.1. Descripción

El sistema procesal penal español también cuenta con un procedimiento aparentemente asimilable a la categoría de los procedimientos monitorios: el legalmente llamado “proceso por aceptación de decreto”. Es de relativamente reciente creación en el sistema de dicho país, ya que fue incorporado mediante la Ley 41/2015, de fecha 5 de octubre de 2015, que introdujo en el Libro IV (De los procedimientos especiales) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española (en adelante, LECrim), un nuevo Título III bis, integrado por los artículos 803 bis A a 803 bis J.

Es un procedimiento de tramitación sencilla y breve. Si se trata de un delito que está castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión de hasta un año que pueda ser suspendida, y el Ministerio Fiscal estima que la pena en concreto aplicable es la de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, siempre que no exista acusación popular o particular en la causa, antes del término de la fase de instrucción (art. 803 bis A LECrim), el Ministerio Fiscal dictará un “decreto de propuesta de imposición de pena” y lo remitirá al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación al imputado⁶⁶ 66 Conviene recordar lo ya señalado supra, en el sentido de que en este trabajo la voz “imputado” se utiliza para hacer referencia a la persona en contra de quien se dirige el procedimiento penal, cualquiera sea la etapa en que dicho procedimiento se halle. La doctrina española suele usar distintas denominaciones para aludir al sujeto pasivo del proceso penal: investigado (persona sospechosa de haber cometido un delito y en contra de quien han operado ciertas actuaciones procesales), procesado (persona en contra de quien se ha dictado un auto de procesamiento), encausado (persona en contra de quien se ha ordenado abrir un procedimiento abreviado), acusado (persona en contra de quien se ha presentado un escrito de calificación provisional en el procedimiento ordinario, o un escrito de acusación en el procedimiento abreviado o en un juicio rápido), todo lo anterior, con base en los artículos 650, 781 y 800.2 de la LECrim. Por todos, véase ASENCIO, José María. Las partes en el proceso penal (II). Partes acusadas, p. 73. (art. 803 bis D LECrim).

El decreto del Ministerio Fiscal debe contener las siguientes menciones: a) identificación del imputado; b) descripción del hecho que se le atribuye; c) calificación jurídica (tipo penal); d) prueba existente; e) en su caso, motivos de la procedencia de la suspensión de la pena de prisión; f) pena propuesta, y g) en su caso, petición de restitución y/o indemnización (art. 803 bis C LECrim).

Si bien la ley alude a la necesidad de expresar en el decreto, en su caso, los motivos para la “sustitución” de la pena de prisión, la doctrina afirma que tal referencia debe entenderse hecha a la suspensión de dicha pena⁶⁷ 67 TOMÉ, José Antonio. Curso de Derecho Procesal Penal, p. 663. .

Es objeto de discusión el punto relativo a si la referencia legal a la eventual petición de indemnización debe entenderse comprensiva de la reparación o no, porque según el artículo 110 del Código Penal español (en adelante, CPe), para efectos de la responsabilidad civil derivada del delito, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios son cosas distintas⁶⁸ 68 Expresa dudas ORTEGA, Juan Luis. El pretendido proceso monitorio penal: una oportunidad perdida, p. 1269. .

En su decreto, la pena que el Ministerio Fiscal proponga puede ser reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando ello conduzca a la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el CPe (art. 803 bis C n° 5 LECrim).

La ley indica que la dictación de este decreto representa el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal. Eventualmente, puede comprender también el ejercicio de una acción civil destinada a obtener la restitución de una cosa o la indemnización de perjuicios (art. 803 bis B LECrim). No obstante, según un sector de la doctrina, no parece adecuado que se denomine acción a lo que no es sino una propuesta del Ministerio Fiscal⁶⁹ 69 DOIG, Yolanda. El proceso por aceptación de decreto, p. 540. .

Presentado el decreto, surgen dos posibilidades para el juez. Una es que no lo autorice, en cuyo caso el decreto queda sin efecto (art. 803 bis E n° 2 LECrim), siendo la resolución que así lo dispone, según un sector de la doctrina, recurrible⁷⁰ 70 Así, LÓPEZ en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, p. 148. . En tal evento, la causa debe seguir adelante por el cauce que corresponda, sin que el Ministerio Fiscal se encuentre vinculado por el contenido del decreto que dictó (art. 803 bis J LECrim). Esta ausencia de vinculación es entendida por un sector de la doctrina como un reconocimiento de que, a futuro, el Ministerio Fiscal podría calificar los hechos de un modo más grave y solicitar contra el imputado una pena más severa⁷¹ 71 TOMÉ, José Antonio. Curso de Derecho Procesal Penal, pp. 666-667; LÓPEZ en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, pp. 175-176. , lo que en todo caso no sería tan fácil, considerando el debido respeto al principio de legalidad⁷² 72 MORENO en MORENO, Víctor y CORTÉS, Valentín. Derecho Procesal Penal, pp. 593-594. . Sin embargo, otro sector doctrinal entiende esta previsión en el sentido de que el Ministerio Fiscal podría, más adelante, volver a presentar contra el imputado una propuesta de imposición de pena⁷³ 73 GIMENO, Vicente. Derecho Procesal Penal, p. 1085. .

La otra posibilidad es que el juez autorice el decreto, en cuyo caso dictará un auto de autorización y lo notificará junto con el decreto al imputado, a quien citará a una audiencia (art. 803 bis F n° 1 LECrim). En la notificación se informa al imputado sobre: a) la finalidad de la comparecencia; b) los efectos de su incomparecencia; c) la necesaria asistencia de un defensor para que la audiencia se pueda realizar; d) el derecho del imputado a, compareciendo, aceptar o rechazar la propuesta contenida en el decreto, y e) el deber de asesorarse con un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio (art. 803 bis F n° 2 LECrim). Esta última solicitud debe ser hecha en el término de cinco días hábiles antes de la fecha de la audiencia (art. 803 bis G LECrim).

La decisión del juez de autorizar o no el decreto depende del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de este procedimiento, que se han señalado más arriba (art. 803 bis E n° 1 LECrim). Aparentemente, se trata de un control formal, no de un control de mérito, por lo que no podría el juez denegar la autorización por motivos distintos del incumplimiento de aquellos requisitos⁷⁴ 74 ARMENTA, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal, p. 401; MUERZA, Julio. El proceso por aceptación de decreto, p. 117; CASTILLEJO, Raquel. Últimas reformas procesales. El proceso por aceptación de decreto, p. 1030. . No obstante, un sector de la doctrina sostiene que debe permitirse un control judicial de la corrección de la calificación jurídica invocada y de la pena pedida⁷⁵ 75 LÓPEZ en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, pp. 152-161. . Otro sector afirma que incluso debe permitirse un examen de la presencia de indicios del hecho punible, pues de lo contrario, una función jurisdiccional estaría siendo ejercida por el Ministerio Fiscal⁷⁶ 76 TOMÉ, José Antonio. Curso de Derecho Procesal Penal, p. 665. . En todo caso, si esto último fuera cierto, ello no querría decir que sea exigible un grado de convicción judicial idéntico al exigido para condenar en juicio, dado que sólo se cuenta con antecedentes de la investigación; por lo que el grado de convicción exigible sería mucho menor⁷⁷ 77 DOIG, Yolanda. El proceso por aceptación de decreto, pp. 545-546. .

A la audiencia a la que se cita si el juez autoriza el decreto del Ministerio Fiscal, el imputado puede o no asistir. Si no comparece, el decreto queda sin efecto, debiendo la causa proseguir por el cauce procesal que corresponda, sin que el Ministerio Fiscal se halle vinculado por el contenido del decreto (art. 803 bis J LECrim). Lo mismo sucede si, compareciendo, rechaza el decreto, total o parcialmente. Si comparece sin letrado, se suspende la audiencia y se fija nueva fecha para su realización (art. 803 bis H n° 2 LECrim).

La obligación de suspender la audiencia cuando el imputado asiste sin defensor, ha sido calificada por un sector de la doctrina como algo que incrementa la lentitud y carestía del procedimiento y que no se justifica, ya que en este no se pueden imponer penas privativas de libertad⁷⁸ 78 GIMENO, Vicente. Derecho Procesal Penal, pp. 1084-1085. . En todo caso, se ha afirmado que la LECrim da a entender que la asistencia del abogado sólo es necesaria “para la aceptación de la propuesta de sanción”, pero no para rechazarla (art. 803 bis H n° 1)⁷⁹ 79 ZARZALEJOS, Jesús. El juicio por delitos leves y los procesos penales especiales, p. 366. .

Si en la audiencia –que debe ser registrada íntegramente por medios audiovisuales (art. 803 bis H n° 4 LECrim)–, en presencia del letrado, el imputado acepta la propuesta totalmente, asegurándose el juez de que comprende su contenido y los efectos de su aceptación (art. 803 bis H n° 3 LECrim), el juez atribuye a la propuesta el carácter de resolución judicial firme, que se debe documentar en el plazo de tres días y que produce todos los efectos de una sentencia condenatoria, la que no es susceptible de recurso alguno (art. 803 bis I LECrim).

Si bien es cierto que la ley exige la presencia del defensor en la audiencia en la que el imputado acepta la propuesta de pena, no es necesario que aquel esté de acuerdo para que la propuesta asuma el carácter de resolución judicial firme; basta con el consentimiento expreso del imputado⁸⁰ 80 GONZÁLEZ-MONTES, José Luis. El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación, p. 198. .

Nada indica la ley acerca de cómo debe procederse en los casos en que haya coimputados. Según un sector de la doctrina, no es aceptable entender que la oposición de algunos de los coimputados impida la aceptación y la consiguiente rebaja de pena para los otros⁸¹ 81 DOIG, Yolanda. El proceso por aceptación de decreto, pp. 540-542; BLANCO, Ana Isabel y MONTESINOS, Ana. Proceso por aceptación de decreto: el nuevo monitorio penal, p. 298. . Otro sector, empero, afirma que todos los coimputados deben aceptar la propuesta de pena para que esta “se convierta” en sentencia condenatoria firme⁸² 82 Así, LÓPEZ en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, p. 172. .

2.2. Valoración

El examen de la regulación del proceso por aceptación de decreto permite poner en duda que se trate de un verdadero procedimiento monitorio o por orden penal, ya que, conforme a lo dicho, el juez no dicta una orden penal que recoja la propuesta de sanción del Ministerio Fiscal, sino que notifica dicha propuesta al imputado para que manifieste si la acepta o la rechaza. Es recién tras la eventual aceptación de este último cuando surge la condena⁸³ 83 Similar, GIMENO, Vicente. Derecho Procesal Penal, p. 1083. . Además, la condena no depende de la pasividad del imputado, en el sentido de que este no se oponga dentro de un cierto plazo, sino que se exige que acepte expresamente la propuesta de pena en una audiencia⁸⁴ 84 FRAGA, Javier. Las diversas manifestaciones de la conformidad en el Derecho procesal penal español, p. 212. –tal como sucedía inicialmente en el processo sumaríssimo portugués–, lo que, por cierto, ha sido valorado positivamente por un sector de la doctrina, desde el punto de vista de un mayor resguardo del derecho de defensa⁸⁵ 85 DOIG, Yolanda. El proceso por aceptación de decreto, pp. 526 y 547. . Esto último reafirma las dudas de que se trate de un auténtico procedimiento monitorio, ya que, como lo hemos visto, una nota que caracteriza esta clase de procedimientos es su escrituración⁸⁶ 86 Destaca esta característica como nota esencial del procedimiento monitorio, GIMENO, Vicente. Los procedimientos penales simplificados (Principio de “oportunidad” y proceso penal monitorio), p. 39. Asimismo, ASENCIO, José María. Breve aproximación al proceso penal monitorio, p. 120. ; en el proceso por aceptación de decreto, en cambio, hay oralidad cuando el imputado acepta la propuesta de pena.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el análisis de la regulación de este procedimiento permite afirmar que su uso no sólo está destinado al enjuiciamiento de la denominada criminalidad de bagatela. Recuérdese que debe tratarse de delitos sancionados con pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, o con pena de prisión de hasta un año que pueda ser suspendida. Pues bien, conforme al artículo 13 del CPe, los delitos pueden ser graves, menos graves o leves, según si están castigados con pena grave, pena menos grave o pena leve, respectivamente. Las penas de multa y de trabajos en beneficio de la comunidad pueden ser penas leves o menos graves, dependiendo de su cuantía o duración. La multa es pena leve si no pasa de tres meses y es menos grave si supera los tres meses. Los trabajos en beneficio de la comunidad son pena leve si van de uno a treinta días y menos grave, si van de treinta y un días a un año. A su turno, la prisión es una pena menos grave cuando no excede de un año (art. 33 CPe). En consecuencia, no parece que este procedimiento se aplique sólo a criminalidad de gravedad mínima⁸⁷ 87 Así, DOIG, Yolanda. El proceso por aceptación de decreto, p. 535. Véase CAMPANER en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, pp. 67-108, con un listado exhaustivo de delitos que se ubican dentro del ámbito de aplicación del proceso por aceptación de decreto. .

En otro orden de ideas, la regulación del proceso penal por decreto no efectúa ninguna alusión a la víctima, más allá de la indirecta referencia consistente en la imposibilidad de que este procedimiento tenga lugar si en la causa existe acusación particular. No obstante, según un sector de la doctrina, una interpretación que tome en cuenta el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de fecha 27 de abril de 2015), debería conducir a la conclusión de que el fiscal, antes de emitir su decreto de propuesta de imposición de pena, tendría que evaluar la opinión de la víctima⁸⁸ 88 Así, BARONA, Silvia. Especialidades procedimentales, p. 651. .

Por otra parte, si bien es cierto que han pasado pocos años desde la creación de este procedimiento en el sistema procesal penal español, por lo que tal vez haya que esperar un poco más para una evaluación definitiva de su incidencia en el funcionamiento del sistema, pese a algunas afirmaciones iniciales en el sentido de que se trataba de un avance en el “sistema de justicia penal que, a buen seguro, no solo descongestionará los tribunales, sino que también garantizará una justicia ágil y eficaz en determinadas causas penales”⁸⁹ 89 BLANCO, Ana Isabel y MONTESINOS, Ana. Proceso por aceptación de decreto: el nuevo monitorio penal, p. 299. , lo cierto es que, al menos hasta ahora, su aplicación ha sido prácticamente insignificante⁹⁰ 90 Vaticinaron su fracaso ORTEGA, Juan Luis. El pretendido proceso monitorio penal: una oportunidad perdida, p. 1266; y, SÁNCHEZ, Francisco Ramón. El proceso por aceptación de decreto: ¿una verdadera vía para la conformidad penal? (I), passim. También lo hizo CASTILLEJO, Raquel. El fomento del principio de oportunidad, pp. 603-604, pero refiriéndose al texto original del proyecto de ley que dio lugar al nuevo proceso por aceptación de decreto. . Por ejemplo, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2016 sólo se tramitaron ciento veinticuatro causas por la vía del proceso por aceptación de decreto⁹¹ 91 TOMÉ, José Antonio. Curso de Derecho Procesal Penal, pp. 660-661. , cifra francamente sorprendente para un país de más de cuarenta y siete millones de habitantes.

3. RAZONES PARA LA DEFICITARIA APLICACIÓN

Tanto el processo sumaríssimo, como el proceso por aceptación de decreto, permiten ser encasillados (con serias dudas, como se ha visto, en el caso del segundo) dentro de la categoría de los denominados procedimientos penales monitorios. Sin embargo, distintas razones se han conjugado para que aquellos procedimientos, a diferencia de otros similares existentes en Europa, reciban una aplicación muy baja y, consecuentemente, contribuyan poco a los objetivos de eficiencia que se buscaron con su implementación.

En el caso del proceso sumaríssimo, el reducido ámbito de aplicación que este tenía podría explicar su también reducida utilización inicial⁹² 92 Así, RODRIGUES, Anabela Miranda. Os processos sumário e summaríssimo ou a celeridade e o consenso no Código de Processo Penal, p. 538. . Recuérdese que originalmente cubría delitos sancionados con prisión no superior a seis meses o multa. Pero como también lo vimos, mediante sucesivas reformas legales, su ámbito de aplicación se ha ido aumentando, hasta llegar al actual requisito de procedencia: delitos castigados con no más de cinco años de prisión. Así las cosas, es difícil ver en esto una razón que explique la poca aplicación que hoy tiene.

Otra explicación podría verse en cierta actitud de “resistencia” de los operadores del sistema procesal penal portugués a hacer uso del nuevo procedimiento⁹³ 93 En este sentido, véase ALBERGARIA, Pedro Soares de. Os processos especiais na revisão de 2007 do Código de Processo Penal, pp. 489-491. . Acostumbrados a un determinado modo de actuar, podría conjeturarse que dichos operadores no han querido o sabido utilizar el nuevo procedimiento. Pero ya han pasado treinta y cinco años desde que este procedimiento fue creado (aunque en su inicio tenía una fisonomía distinta de la actual), por lo que ya no es tan nuevo y ha habido tiempo de sobra para acostumbrarse a su funcionamiento.

Eventualmente, alguna incidencia puede tener el hecho de que, en la citada directiva de la Procuraduría General de la República de Portugal, se indica que cuando se verifiquen los presupuestos de aplicación de un procedimiento distinto, a saber, el processo sumário, sólo puede requerirse la aplicación de pena en el processo sumaríssimo si no es posible realizar el juzgamiento conforme a aquel (capítulo I, punto 2). Tal indicación sugiere un posible solapamiento entre ambos procedimientos y una preferencia por el processo sumário sobre el processo sumaríssimo.

En cualquier caso, probablemente sea necesario efectuar investigaciones empíricas para desentrañar los motivos que expliquen la persistentemente baja aplicación del processo sumaríssimo en Portugal.

Más sencillo parece establecer las razones de la baja utilización del proceso por aceptación de decreto en España. Varios motivos podrían ser aquí mencionados. En primer lugar, contribuye a la poca aplicación de este procedimiento su solapamiento con otro procedimiento especial, a saber, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos, el que, a través de una conformidad ante el Juzgado de Guardia y una reducción automática de pena, permite llegar al mismo resultado. Por eso, no sin cierta ironía, se ha dicho que el proceso por aceptación de decreto “cayó en desuso casi antes de entrar en vigor”⁹⁴ 94 Así, NIEVA, Jordi. Derecho Procesal III. Proceso Penal, p. 501. Similar, FRAGA, Javier. Las diversas manifestaciones de la conformidad en el Derecho procesal penal español, p. 229: “de manera que el proceso por aceptación de decreto pierde ya, de inicio, a la gran mayoría de su clientela potencial, seducida por una institución que, por vía más directa, ofrece, en el peor de los casos, idénticos resultados”. Con todo, véase MAGRO, Vicente. El nuevo proceso de aceptación por decreto en la reforma de la LECrim., pp. 1525-1526, quien identifica algunos casos en los que es aplicable el proceso por aceptación de decreto, sin que también lo sea el denominado juicio rápido. .

En segundo lugar, incluso podría afirmarse que el procedimiento con el que se solapa no conduce al mismo resultado, sino a uno mejor para el imputado. Ello es así, porque en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos, la conformidad del imputado conduce a aplicar la pena solicitada, rebajada en un tercio (art. 801.2 LECrim); en cambio, en el proceso por aceptación de decreto, la pena legalmente prevista se puede reducir hasta en un tercio.

En tercer término, debe considerarse que la propuesta de pena debe ser presentada en una fase muy inicial del proceso, lo que puede dificultar al Ministerio Fiscal, cuando se trata de un delito sancionado con pena de prisión no superior a un año, la evaluación de la concurrencia de todos los requisitos para la suspensión de dicha pena⁹⁵ 95 En este sentido, GONZÁLEZ, Piedad. La creciente presencia del principio de oportunidad en el proceso penal. En particular en el juicio por delitos leves y en el procedimiento por aceptación de Decreto del fiscal, p. 400. .

A todo lo anterior cabe añadir la consideración de que, en España, a diferencia de otros países, la investigación de los delitos, por regla general, sigue siendo una actividad judicial, no del Ministerio Fiscal, lo que puede explicar que los casos en que este decida proponer la imposición de una pena sean pocos⁹⁶ 96 Sugiere esta explicación TOMÉ, José Antonio. Curso de Derecho Procesal Penal, p. 661. . Por eso, se ha sostenido que “el proceso por aceptación de decreto constituye una pieza extraña injertada en un engranaje diseñado bajo el prisma de la instrucción judicial”⁹⁷ 97 CAMPANER en LÓPEZ, Francisco y CAMPANER, Jaime. El proceso por aceptación de decreto o monitorio penal, p. 63. .

En todo caso, un sector de la doctrina ya ha propuesto algunas modificaciones legales para conseguir una mayor utilización del proceso por aceptación de decreto, como, por ejemplo, ampliar su ámbito de aplicación y eliminar el requisito negativo de que no se haya presentado acusación popular o particular⁹⁸ 98 GONZÁLEZ-MONTES, José Luis. El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación, p. 202. . Lo curioso es que estas medidas no apuntan directamente a ninguna de las razones que se acaban de señalar (salvo que, al aludir a la ampliación del ámbito de aplicación de este procedimiento, se esté queriendo significar la eliminación de su solapamiento con el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos).

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusión y como reflexión final, cabe señalar que la incorporación de un procedimiento especial breve y sencillo en el ordenamiento procesal penal de un país, pese a su masiva aplicación en otros países, no asegura que dicho procedimiento sea utilizado con mucha frecuencia y contribuya decisivamente a una mayor eficiencia del sistema. No porque en Alemania y en Italia procedimientos penales monitorios reciban mucha aplicación, la introducción de procedimientos similares en países que no cuentan con ellos garantizará resultados semejantes. Todo dependerá de distintos factores que pueden influir en la mayor o menor aplicación de tales procedimientos. Algunos de esos factores se encontrarán en la regulación de esos nuevos procedimientos, como, por ejemplo, en los requisitos de procedencia. Otros factores se hallarán en la regulación de procedimientos preexistentes, con los cuales, verbigracia, los nuevos procedimientos podrían solaparse o colisionar. Incluso algunos factores podrán encontrarse fuera de la normativa, esto es, en la praxis, como, por ejemplo, cierta actitud “obstruccionista” de los operadores del sistema⁹⁹ 99 La posibilidad de una “obstrucción” frente a la “importación” de alguna institución jurídica de un sistema foráneo es reconocida por BACHMAIER, Lorena. Comparative Law, Legal Metaphors and Negotiated Justice, pp. 12-13. .

En este trabajo, se ha constatado la deficitaria aplicación de los procedimientos penales monitorios en Portugal y en España. Con independencia de que no se tenga demasiada claridad de las razones que lo expliquen en el caso del primer país –para obtener mayor información sobre el punto sería necesario llevar adelante investigaciones de carácter empírico–, el trabajo tiene al menos la virtud de demostrar que no existen “recetas mágicas” en la solución de los problemas del proceso penal. Es razonable mirar y aprender de experiencias exitosas de sistemas procesales penales foráneos. Pero no lo es creer que todo lo que en ellos sirve, en el propio sistema también servirá.

Acknowledgments

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Comparative analysis of some negotiated criminal justice models of the Continental European System: bases for the formulation of a negotiated criminal justice model for Chile”, el cual fue ejecutado por el autor en el Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Friburgo y en el Instituto Max-Planck para la Investigación de la Criminalidad, la Seguridad y el Derecho, entre noviembre de 2021 y junio de 2022, y financiado por el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) y por la Max-Planck Gesellschaft. El autor agradece a ambas instituciones por el apoyo brindado. El autor agradece también al Dr. Paulo de Sousa Mendes, catedrático de la Universidad de Lisboa, y al Dr. Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón, por sus comentarios a las secciones de este trabajo en las que se examinan procedimientos penales de Portugal y España, respectivamente. Finalmente, el autor agradece a Joaquín Torres Oyaneder, ayudante del Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por sus observaciones al trabajo y por adecuarlo a las normas editoriales de la revista que lo publica.

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BIBLIOGRAFÍA

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